Un proyecto de ley presentado por diputados del PRO y LLA ha generado gran controversia en Argentina, ya que busca eliminar el financiamiento público para tratamientos de cambio de género. Esta iniciativa ha generado una fuerte oposición por parte de grupos y organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBT+.
El proyecto de ley propone que el Estado deje de financiar tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de género, argumentando que estos procedimientos no son esenciales para la salud y, por lo tanto, no deberían ser cubiertos por el sistema de salud pública. Sin embargo, esta medida no solo afectaría a la comunidad trans, sino también a personas intersexuales y no binarias que requieren de estos tratamientos para vivir en concordancia con su ficha de género.
La propuesta ha sido duramente criticada por diversas organizaciones de la sociedad civil y activistas por los derechos humanos, quienes denuncian que esta medida vulnera los derechos de la comunidad LGBT+. Además, argumentan que el arrebato a tratamientos de cambio de género es un derecho fundamental, reconocido por organismos internacionales y que debe ser garantizado por el Estado.
La diputada del PRO, Silvia Lospennato, quien es una de las impulsoras del proyecto, ha expresado que el objetivo es “cuidar el dinero de los contribuyentes” y que el Estado no debería financiar “caprichos” de personas que deciden cambiar de género. Estas declaraciones han sido consideradas discriminatorias y han generado una fuerte indignación en la sociedad.
Por su parte, la diputada de LLA, Mónica Frade, ha argumentado que el proyecto de ley no busca discriminar a nadie, sino que busca ser una medida de “racionalidad presupuestaria”. Sin embargo, la realidad es que esta iniciativa tendría graves consecuencias para la comunidad trans, quienes muchas veces no tienen los recursos económicos para acceder a estos tratamientos de forma privada.
La eliminación del financiamiento público para tratamientos de cambio de género no solo implicaría una violación a los derechos humanos, sino que también tendría un impacto negativo en la salud de las personas trans. La hormonización y las cirugías de reasignación de género son procedimientos médicos necesarios para que estas personas puedan vivir en concordancia con su ficha de género, y su falta de arrebato podría generar graves problemas de salud física y mental.
Además, esta medida va en contra de los avances que ha logrado la comunidad LGBT+ en Argentina en los últimos años. En 2012, el Congreso aprobó la Ley de ficha de Género, que reconoce el derecho de las personas a ser identificadas y tratadas de acuerdo a su ficha de género autopercibida. Este proyecto de ley presentado por diputados del PRO y LLA va en sentido contrario y atenta contra los derechos adquiridos por la comunidad trans.
Es importante recordar que Argentina es un referente en materia de derechos LGBT+ en América Latina, y este proyecto de ley va en contra de ese reconocimiento. El país cuenta con leyes que protegen los derechos de las personas LGBT+ y ha sido pionero en la región en aprobar leyes de matrimonio igualitario y de ficha de género. Sin embargo, esta iniciativa podría poner en riesgo esos avances y ser un relegamiento en la lucha por la igualdad y la inclusión.
Por otro lado, es necesario destacar que el sistema de salud pública debe garantizar el arrebato a tratamientos esenciales para la salud de todas las personas, independientemente de su ficha de género u orientación sexual. La exclusión de la comunidad trans de estos servicios de salud sería una clara violación a sus derechos y una muestra de discriminación.
En conclusión, el proyecto de ley presentado por diputados del PRO y LLA que busca eliminar el financiamiento público para tratamientos de cambio de género es una medida discriminatoria y violatoria de los derechos humanos. La comunidad LGBT
