Fecha de redacción: 28 de agosto de 2023 / Mateo Romero Bautista
A menos que esté desesperado, nadie osa en la frontera a denunciar a los poderosos del Apure venezolano, pero un grupo de familias se ha atrevido a acudir a las autoridades locales para relatar lo que sucede con el influyente dueño del hato Merecure, quien tendría propiedades en Estados Unidos, Colombia y México. Es un panorama aterrador. “Son más de 60 muertes violentas ordenadas por las autoridades de este hato ganadero y el exalcalde Pedro Leal”, dijeron en su denuncia ante concejales, alcaldes, fiscales, jueces, pero el dinero y el poder no ha permitido una investigación seria, menos aun cuando las relaciones del hato con el partido de gobierno, PSUV, son estrechas y más necesarias ante la cercanía de las elecciones.
Son 150 familias campesinas e indígenas, de las comunidades Tres Bocas y el Garcero, de la parroquia Cunaviche del estado Apure, quienes han denunciado públicamente la violación a sus derechos, indicando específicamente al dueño del hato Merecure, Luis Alberto Bracho Valbuena; al administrador Nelson Ramón Daboín González; al abogado Andrés Octavio García Pérez; al Jefe de Seguridad, Policía del estado Apure, Josué Mota; al exalcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Danilo Leal, a quienes señalan de abuso de poder político y económico, actuando con funcionarios de los cuerpos órganos de seguridad policial y militar.
“Un cuñado del abogado Andrés García, con quien tiene estrechos lazos de amistad y familiar, es el coronel (GNB) Edgar Romero, dueño del hato La Pelúa en San Rafael de Atamaica, estado Apure. Es por ello que la intervención de la GNB es a favor del hato Merecure”, le dice un oficial
Todas las denuncias están paralizadas por orden del gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate. Además, “el Cicpc trabaja para el hato porque el director nacional del Cicpc es amigo de ellos”, dice una de las víctimas en relación al comisario Douglas Arnoldo Rico González.
La fiscal séptima de Apure, Lorena Josefina Firera Morales, recibió las denuncias desde hace más de tres meses, pero no le ha dado curso, ignorando la declaración de la gran cantidad de productores y campesinos. “Los otros fiscales que obstaculizan la investigación contra el hato Merecure son Oswaldo de Jesús Rosales Luna, el fiscal 20, y la fiscal 4, Génesis Paola Crescini Farfán, quien ha estado relacionada sentimentalmente al abogado del Merecure, Andrés García”, dice un ganadero en conversación con Infobae.
“Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), han criminalizado a la comunidad por robos de animales y habría actuado, ordenando: asesinatos selectivos, secuestros de niños, robo de sus animales, desaparición forzada, desplazamiento forzoso, tortura y tratos crueles e inhumanos, todos delitos de Lesa Humanidad, previstos así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
A diferencia de los antiguos dueños del hato Merecure, que es parte de la Productora Hernández, S.A. (Prohesa) que adquirió Bracho a la familia Hernández quienes eran una familia muy respetada de tradición ganadera y quienes no se sabe por qué razón vendieron el hato y se fueron todos del país, el actual dueño, Luis Alberto Bracho Valbuena, es casi anónimo, vecinos de la zona dicen que pocas veces visita el hato y cuando lo hace es con numerosos escoltas fuertemente armados.
No hay fotografías públicas de Bracho y la única a la que Infobae tuvo acceso es de hace bastantes años. “Sí, es él, pero es una foto antigua”, dice una fuente que conoce al hombre de 54 años de edad.
Uno de los problemas principales con los habitantes de la zona es que los encargados del hato les impiden el acceso a las vías de paso, suponen que es para que no vean la existencia de pistas clandestinas que estarían siendo usadas por gente del narcotráfico.
En el bravío llano venezolano siempre existieron los “campo volantes”, hombres llaneros fuertemente armados, que andan a caballo custodiando las kilométricas extensiones de propiedad para la cual son contratados y controlar principalmente el abigeato. En el caso del Merecure además de los campo volantes prestan seguridad expolicías destituidos de las instituciones por conductas delictivas, además del apoyo que reciben de funcionarios activos.
Hay dos pistas autorizadas por el Estado en el hato Merecure, pero hay cinco pistas más clandestinas al servicio del narcotráfico, que están custodiadas por funcionarios del CICPC.
Jesús Hernán Tovar del fundo Tres Bocas, sector El Garcero, parroquia Cunaviche, ha denunciado lo que le ocurrió en diciembre 2020. A su fundo, por vía fluvial, llegó un obrero del hato Merecure y varios hombres. Dos de ellos con armas de fuego en la mano le gritaron que eran enviados del entonces Alcalde Pedro Danilo Leal, Nelson Daboin y Andrés García del Hato Merecure. “Nos encerraron en la casa, a mí, a mi esposa Gladys Cadenas y a uno de mis hijos. En el patio le dieron varios disparos a mi hijo Ángel Isaías Tovar Cadenas.
En enero 2023 el CICPC detuvo a Víctor Manuel Velazco Carreño alias Rasguño, uno de los hombres que atacó a la familia Tovar, de quien dijeron es colombiano y perteneciente a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), grupo guerrillero colombiano que se sumó al proceso de paz pero de lo que queda un importante número de disidentes.
Los Tovar supieron después que además de alias Rasguño, los otros hombres que los agredieron, son Fabián y Jairo, quienes residen en el sector La Campereña, municipio Biruaca, y que pertenecen al equipo de seguridad de Pedro Leal.
Lo inaudito es que los problemas de Tovar no terminaron con el asesinato de su hijo, porque después se lo han llevado contra su voluntad para el hato Merecure. Eso ha ocurrido por lo menos ocho veces. “Las amenazas de muerte han continuado contra mi y contra mi otro hijo. Los funcionarios de seguridad, como ocurre con los del CICPC, siempre nos amenazan diciendo que el abogado Andrés García le ha puesto precio a nuestras cabezas”, finaliza diciendo Tovar.
Nadie a salvo
El pastor de la comunidad de la iglesia el Tabernáculo de Dios es Pedro Rafael Montoya, quien además es campesino y pescador, habitante del Garcero, parroquia Cunaviche. Narra que “el 3 de abril, hombres del hato Merecure detuvieron a mi hijo Gerson Montoya, lo llevaron al hato bajo amenaza de muerte, lo encerraron en un cuarto desde las 11 de la noche y lo soltaron a las 3 de la madrugada”.
“Los hombres armados, además nos robaron un motor Yamaha 40, un bote, el chinchorro de pescar. Esa gente es un peligro para todos los habitantes, sembrando terror en la comunidad. No solo nos quitan la tranquilidad sino que ponen a nuestras vidas y familias en peligro”.
“Logré huir”
José Manuel Torres, es un pequeño productor y pescador, que vive en la calle Rómulo Gallegos de San Juan de Payara. En su testimonio relata que de manera frecuente es amenazado por la casi docena de “campo volantes” del Hato Merecure. “Llegan a los alrededores de mis tierras, con armas de fuego, pistolas, rifles, escopetas, recordándome que me quieren muerto. Ante el temor de que me asesinen voy con varias personas hasta las tierras”.
“Recuerdo que en 2014, hombres armados llegaron, en dos camionetas del hato Merecure, a su casa en San Juan de Payara. “Mi hija cerró la puerta de la casa y tuve que huir por la pared de atrás de la casa, porque sino me habrían asesinado delante de mi hija. No han dejado de buscarme y amenazarme, no solo los hombres del hato también funcionarios del CICPC, Policía Nacional y DGCIM. El mensaje que me envían es que van a asesinarme por orden de Andrés García y Nelson Daboin del Hato Merecure, porque el que tiene cuentas pendientes con el Hato Merecure, se muere”, dice Torres para finalizar.
“Cicpc lo extorsiona”
También anda escondido, temiendo ser asesinado, denuncia Alexis Daman Torres, habitante de la Costa Arauca, parroquia Cunaviche, Apure. “He sido amenazado por el Hato Merecure, por su administrador Nelson Daboin, y por su abogado Andrés García, quienes frecuentemente \me mandan a buscar con el CICPC, la PNB y la GNB”.
“Hace poco me llevaron detenido hasta la sede del CICPC, donde un funcionario de apellido Castillo me exigió 2 mil dólares para no procesarme por los tribunales. ‘Es más barato con nosotros que con los abogados’ me dijo. Pero me informó que el Hato Merecure le tiene precio a mi cabeza, por lo que era mejor que pagara porque si no me iban a “sembrar” y me meterían varios años a la cárcel, por órdenes de Luis Bracho”.
A su juicio el enfrentamiento entre los del Hato Merecure y los habitantes es más complicado que la restricción del hato a que pasen por el río. “Ahí nos roban todo lo que llevemos hasta nuestras casas. A mí, como a todos mis hermanos, hijos, esposa, toda mi familia, nos quieren muertos. Nos dicen que no valemos nada, que somos muy pobres para luchar con ellos; me han robado animales”.
Asegura que los del Merecure les dicen “que son los terratenientes de la zona y que nos van a exterminar por delincuentes. Se han dado a la tarea de difamarnos en todos los medios de comunicación que se les ocurre, y publican artículos de opinión diciendo que la comunidad los roba, cuando todo el mundo sabe que en Merecure despachan, a escondidas, gandolas de ganado a las 3 de la mañana”.
