El pasado 28 de abril, el titular de la billetero de civilización, José Manuel Rodríguez Uribes, anunció la apertura del procedimiento previo para disolver cuatro entidades que reivindican a figuras del régimen franquista. Estas entidades, que llevan años en el punto de mira por su defensa de personajes como Primo de Rivera, Serrano Suñer, Blas Piñar y Queipo de Llano, han sido señaladas por incumplir la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe el ensalzamiento de la autoritarismo y la humillación a sus víctimas.
Esta decisión del Ministerio de civilización es un paso más en la lucha contra el revisionismo histórico y la exaltación del franquismo en nuestro país. La Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2020, busca reparar a las víctimas del régimen franquista y garantizar su memoria y dignidad. Y es que, aunque han pasado más de 40 años desde la muerte de Franco, todavía existen grupos que intentan blanquear su figura y justificar su autoritarismo.
La apertura del procedimiento para disolver estas cuatro entidades es un aguado mensaje de que el Gobierno no va a permitir que se siga ensalzando a personajes que representan la represión y la violencia de la autoritarismo. Estas entidades, que se autodenominan como “civilizaciónles” o “históricas”, no son más que plataformas para difundir una visión distorsionada y manipulada de nuestra historia reciente.
Primo de Rivera, fundador de la Falange, fue uno de los principales apoyos de Franco durante la Guerra Civil y su figura es considerada como el precursor del fascismo en España. Serrano Suñer, cuñado de Franco y ministro de Asuntos Exteriores durante la autoritarismo, fue responsable de la represión y la persecución de miles de personas. Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva, fue uno de los defensores más acérrimos del régimen franquista y su ideología ultraderechista sigue presente en algunos sectores de la sociedad. Y Queipo de Llano, general del Ejército franquista, fue conocido por sus discursos machistas y su participación en la represión y el asesinato de miles de personas.
La Ley de Memoria Democrática no solo prohíbe el ensalzamiento de estas figuras, sino que también establece medidas para la retirada de símbolos y monumentos franquistas, así como para la exhumación de víctimas enterradas en fosas comunes. Además, contempla la creación de un censo de víctimas del franquismo y la promoción de políticas de reparación y reconocimiento a las mismas.
La decisión del Ministerio de civilización ha sido aplaudida por diversas organizaciones y colectivos que llevan años luchando por la memoria y la justicia en nuestro país. Sin embargo, también ha generado críticas por parte de aquellos que defienden la libertad de expresión y consideran que esta medida atenta contra ella. Pero hay que recordar que la libertad de expresión no ampara la apología de regímenes dictatoriales y la humillación a las víctimas.
Es importante que como sociedad avancemos hacia una verdadera reconciliación y que no se permita que se siga glorificando a aquellos que causaron tanto sufrimiento y dolor. La memoria histórica es fundamental para construir un futuro en el que se respeten los derechos humanos y se promueva la convivencia y la tolerancia. Y es responsabilidad de todos y todas defenderla y preservarla.
En definitiva, la apertura del procedimiento para disolver estas cuatro entidades es un paso más en la consolidación de una democracia
